Adoptado en marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, este acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, ha sido firmado por 24 países de la región pero tan solo 14 lo han ratificado; el ser firmante manifiesta el interés de un Estado por el tema pero no existe una obligación jurídica, mientras que al ratificarlo, el Estado sí se compromete a darle cumplimiento.


Ante el interés de ratificar el acuerdo, organizaciones sociales de la plataforma Voces Latinoamérica por los Derechos y el Buen Vivir, participaron del taller: Conociendo, diciendo y participando por la defensa de los derechos ambientales, Acuerdo de Escazú, con el objetivo de identificar sus principales pilares y discutir respecto a problemáticas socioambientales de sus países, como: la deforestación, la minería ilegal, el asesinato de líderes ambientales, la ganadería extensiva, entre otras. 


Dicho taller contó con una amplia participación de jóvenes de Latinoamérica, en el que se mencionaron los 4 aspectos más relevantes del acuerdo relacionados con el acceso a la información, participación, justicia ambiental y protección a líderes sociales. Cada punto fue desarrollado de manera descriptiva para otorgar insumos respecto a defensa del medio ambiente y capacitar a quienes trabajan por la promoción de la justicia ambiental. 


El acceso a la información es uno de los principales pilares del acuerdo, el cual busca que las entidades competentes divulguen información ambiental actualizada, clara y accesible a toda la población de manera gratuita, incluyendo niños, niñas, adolescentes y jóvenes; cuando corresponda, la información debe estar traducida a la lengua nativa de las comunidades. En caso que la información sea negada, las instituciones deben argumentar la negativa en la solicitud y debe ser una razón legal válida.  


Igualmente, las personas y comunidades deben tener conocimientos de los impactos medio ambientales de proyectos planeados y realizados en sus territorios, para  tomar decisiones en común acuerdo con el objeto de legitimar e incluir las necesidades de la ciudadanía. En caso de existir un cambio, modificación o impacto no previsto, las comunidades también tendrán que participar en dichas decisiones, construyendo así, una democracia ambiental. 


Otro pilar es la justicia ambiental para que las comunidades tengan la posibilidad de instaurar quejas o solicitudes en situaciones que consideren injustas y de esta manera prevenir, mitigar o recomponer daños en el medio ambiente. Por último se encuentra la protección a líderes sociales, ya que los Estados deben promover un entorno seguro y propicio para aquellas personas que cuidan y defienden los derechos ambientales, reconociendo su rol fundamental en las democracias y fortaleciendo sus capacidades para ejercerlo.


Gracias a la participación en estos espacios pedagógicos, se espera contribuir para que tanto las organizaciones, como la sociedad civil, tengan los insumos suficientes para incidir en la ratificación del acuerdo en los diferentes Estados Latinoamericanos y del Caribe, y contribuyan a que los países faltantes por firmar, tomen la decisión de comprometerse con el cuidado y la defensa del medio ambiente. 

Esta acción también hace parte de una estrategia de articulación entre las Plataformas Voces por el Buen Vivir y Voces por el Cambio.