Así lo determinó la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, a través del Auto de Determinación de Hechos y Conductas emitidos en el Caso 05, que prioriza la situación territorial del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca. De acuerdo con este pronunciamiento, la JEP imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 miembros de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las extintas FACP-EP.
“Las Farc-EP utilizaron el reclutamiento como una estrategia político-militar, para lo cual promovieron, ejecutaron o permitieron el reclutamiento y utilización de niñas y niños.”
En ese sentido fueron imputados por: homicidios, atentados contra la vida y la integridad corporal, ejecuciones sin previo juicio, desplazamiento, utilización de minas antipersonal, destrucción del medio ambiente, ataques contra la población civil y utilización o reclutamiento de niños y niñas. Siendo este último delito, la primera vez en que miembros de la extinta guerrilla son acusados de manera formal.
De acuerdo a lo emitido por la sala, y en relación con los hallazgos de la Comisión de la Verdad, las comunidades étnicas y afrodescendientes sufrieron de manera diferenciada las afectaciones del conflicto armado interno. Siendo los jóvenes, niños y niñas los más afectados, lo que produjo una afectación cultural, pérdida de costumbres y tradiciones al interior de sus comunidades
En este documento la JEP detalla que de los 321 casos de reclutamiento de niños y niñas documentados reportados en los 17 municipios norte del Cauca y sur del Valle del Cauca que hacen parte del caso, 81 eran menores de 15 años y 158 eran indígenas.
Igualmente, los comparecientes reconocieron el asesinato de una niña indígena nasa del resguardo San Juan Páez, reclutada a los 14 años y ejecutada al ser señalada de informante. Este tipo de ejecuciones fueron una constante entre los menores que intentaron desertar.
Ante esto la JEP manifestó que “los jóvenes de las regiones investigadas llegaron a una situación de riesgo tan alta que no podían estar en la comunidad porque eran perseguidos por la guerrilla para reclutarlos, pero tampoco podían quedarse en los cascos urbanos porque eran señalados por la fuerza pública de ser guerrilleros.”
Es de destacar que posterior a esta investigación los 10 implicados de las extintas FARC-EP tendrán la posibilidad de reconocer los hechos y las acusaciones generadas por la sala. En caso de no aceptar, dicho proceso pasaría a la Unidad de Investigación y Acusación en dónde se definiría su continuidad en el proceso de justicia transicional.
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