Imagen cortesía de CECUCOL, en el marco de la Mano Roja del 2023

Desde la Plataforma Colombiana por el protagonismo de niños, niñas y jóvenes vemos con preocupación las afectaciones que vienen sufriendo la niñez y la juventud a sus derechos en medio del paro minero, que inició el pasado 2 de marzo del 2023 en los departamentos de Antioquía y Córdoba.

Hasta la fecha, y de acuerdo a datos suministrados por la Defensoría del Pueblo, 6 personas han sido heridas con armas de fuego, entre las que se encuentran 2 menores de edad, en hechos sucedidos en la vereda el Jardín del municipio de Cáceres. Actualmente se desconocen con certeza los hechos ocurridos en el municipio o la forma en que los menores resultaron heridos.

Adicional a esto FECODE, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) han manifestado que debido a la movilización del gremio de pequeños y medianos mineros, diferentes municipios suspendieron temporalmente las actividades académicas. Según Astrid Cáceres, directora general del ICBF “Cerca de 20.000 niñas, niños atendidos en más de 790 unidades de servicio en 12 municipios de Antioquia y 4 de Córdoba están en grave riesgo”. Es por ello que desde la plataforma vemos importante rechazar vehemente y categóricamente la coacción social ejercida por grupos al margen de la ley, como el clan del Golfo, al igual que cualquier tipo de acto violento que atente contra el derecho a la paz, la educación y al libre tránsito de los niños, niñas y jóvenes.

Lamentablemente, la situación de orden público en la región del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba no es nueva, anteriormente la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) denunció que, en el mes de febrero, el Frente 36 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FACP-EP, se tomaron el Centro Educativo Rural El Bosque, ubicado en el corregimiento El Cedeño, municipio de Yarumal (Antioquia) para hacer entrega de útiles y propaganda a niños y niñas de la institución, poniendo en riesgo la integridad física de los estudiantes.

Las escuelas deben ser entornos protectores en donde los niños y niñas puedan construir un proyecto de vida acorde a su querer ser, es por ello que manifestamos nuestro rechazo y preocupación frente a estos sucesos. Priorizar la seguridad de la niñez, de los educadores y de quienes prestan un servicio en esos entornos debe ser una necesidad a atender por parte de los entes institucionales estatales, gubernamentales y de los líderes mineros. Igualmente, los grupos armados deben abstenerse de instrumentalizar a los niños y niñas en sus estrategias militares y políticas.

¡Las niñas, niños y jóvenes son el futuro de Colombia, garantizar sus derechos es nuestra prioridad!