Desde la Plataforma Colombiana de organizaciones sociales y populares por el protagonismo de niños, niñas y jóvenes, conformada por más de 20 organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los niños, niñas y jóvenes en el país, repudiamos y rechazamos el asesinato de cuatro jóvenes indígenas menores de 18 años de edad, ocurrido cerca a un resguardo entre los departamentos de Caquetá y Amazonas.

Los hechos se dieron a conocer luego de que la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC, denunciara a través de una “Acción urgente” que cuatro jóvenes indígenas del pueblo Murui entre los 14 y 16 años de edad, fueron asesinados por miembros del frente ‘Carolina Ramirez’ de las disidencias de las FARC como represalia luego de que estos escaparan del grupo armado tras haber sido reclutados forzadamente en marzo del año en curso. Los jóvenes fueron asesinados en la comunidad ‘Los Estrechos’ en Solano, Caquetá, en frente de sus pobladores, quienes buscaban la forma de ayudarlos a salir del territorio.

En el territorio entre Caquetá y Amazonas también hacen presencia los frentes 1, 7 y 40 del Bloque Sur Oriental del Estado Mayor Central y los Comandos de la Frontera, lo que ha puesto en un grave riesgo a quienes habitan la zona fronteriza entre los departamentos, razón por la que la Defensoría del Pueblo ya había elevado una alerta temprana en la que resaltaba el inminente riesgo en el que se encontraban niños, niñas, adolescentes y jóvenes por conductas advertidas e identificadas como su reclutamiento, uso y utilización.[1]

Durante el primer trimestre de 2023 la Defensoría identificó 23 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y jóvenes menores de 18 años de edad, una cifra alarmante si se tiene en cuenta que durante el mismo periodo en 2022 se registraron 15 casos, lo que representa un aumento 53,3%.[2] De igual forma, en lo que va del año se han emitido 12 alertas tempranas las cuales advierten sobre el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de la niñez, mientras que en todo 2022 se emitieron 34 alertas tempranas[3], lo que representa un promedio de 8.5 alertas por trimestre, es decir, un incremento en proyección de 41.1% durante el mismo periodo.

 De igual forma, estos hechos de reclutamiento, uso y utilización que no solo se dan por parte de grupos armados no estatales, ponen de nuevo en el panorama la importancia de que la Corte Constitucional se pronuncie, vía revisión de tutela, sobre las acciones cívico-militares en las que la fuerza pública hace presencia armada en espacios educativos con niños y niñas, como los registrados durante 2021 y 2022 en departamentos como Arauca y Boyacá[4]. Estimamos que es una buena oportunidad para que se regule este tema en aras de una mayor garantía de su derecho a ser protegido de los efectos del conflicto armado.

La violencia se ha ensañado contra la niñez y la juventud de las comunidades étnicas, poblaciones históricamente abandonadas por el Estado, quienes ante estos graves hechos hacen un llamado, al cual nos sumamos como plataforma de organizaciones sociales de diferentes territorios de Colombia, para que se brinden condiciones reales de seguridad en los territorios, para que cese la violencia y que se proteja la vida de todas las niñas, niños y jóvenes, de hostigamiento y persecución. En tal sentido, solicitamos con urgencia:

●     Atender las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan cotidianamente las niñas, los niños y jóvenes indígenas, en especial aquellos que viven en zonas de conflicto, dada su alta exposición a ser víctimas de múltiples violaciones de sus derechos, no sólo por su edad sino por su pertenencia étnica.

●     Asegurar que se respeten las diversas normativas de protección de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, en especial la Convención de los Derechos del Niño, y la Recomendación No. 11 de 2009[5], del Comité de los Derechos del Niño, que promueve de manera particular la necesaria protección y cuidado de las niñas y los niños indígenas expuestos al conflicto armado e insta a los Estados partes a “prestar particular atención a los riesgos a que están expuestos los niños indígenas en caso de hostilidades y tomar el mayor número de medidas preventivas en consulta con las comunidades de que se trate”.

●     Que en la continuidad de los diálogos de paz que se promueven, se tenga la protección integral y reforzada de niños, niñas y adolescentes como un punto prioritario, estableciendo rutas prioritarias para su atención.

●     Que los diferentes organismos nacionales e internacionales establezcan claros y ágiles mecanismos de verificación, con participación de los mismos pueblos étnicos y la comunidad internacional, sobre la protección de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos del conflicto.

¡La construcción de paz es con los niñas, niños y jóvenes!

Suscriben,

●     Asociación Casa del Niño y la Niña

●     Asociación FUNSAREP

●     Asociación Palco-La Esquina Radio

●     Asociación Red Antorchas

●     Benposta Nación de muchachos

●     CAPS (centro de atención psicosocial)

●     COALICO (Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia)

●     Corporación Amiga Joven

●     Corporación Con-Vivamos

●     Corporación Educativa COMBOS

●     Corporación Primavera

●     Corporación Vínculos

●     COSAJUCA (colectivo socioambiental juvenil de Cajamarca)

●     Escuela de Arte Taller Sur

●     Fundación CECUCOL (centro cultural comunitario las colinas)

●     Fundación Creciendo Unidos

●     Humanidad Vigente Corporación Jurídica

●     PAS (pensamiento y acción social)

●     PlatoHedro

●   Taller Abierto (Centro de promoción integral para la mujer y la familia)