Hace 2 años Colombia se encontraba inmerso en un estallido social que inició el 28 de abril de 2021 a causa del proyecto de la Reforma Tributaria que formuló el gobierno de turno en cabeza del Ex-Presidente Iván Duque, y sumado a ello, más inconformidades de la sociedad colombiana ante la crisis por asesinatos a líderes y lideresas sociales, corrupción, desigualdad y otros hechos que dieron lugar al fuerte descontento ciudadano; esto se evidenció con las masivas manifestaciones que tuvieron lugar durante más de dos meses, en plena crisis de pandemia del COVID-19, donde miles de colombianas y colombianos hicieron presencia en las calles, incluyendo diferentes sectores de la sociedad, entre esos, niñas, niños y jóvenes quienes desde su visión y criterio, asumieron también posiciones políticas.
Durante dichas jornadas de manifestaciones se presentaron hechos de violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes (NNA) generadas por agentes estatales y ante la gravedad de los acontecimientos, organizaciones como la Plataforma Colombiana por el protagonismo de niñas, niños y jóvenes, Humanidad Vigente Corporación Jurídica y la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, realizaron un seguimiento de las distintas formas de violencia -especialmente de violaciones a los Derechos Humanos y Derechos de las Niñas y Niños-, plasmado en el documento titulado “Informe sobre las violencias en contra de Niñas, Niños y Adolescentes en el marco del Paro Nacional en Colombia.” POR EL DERECHO A LUCHAR Y LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, compuesto por hallazgos, análisis y recomendaciones donde se evidencia la sistematicidad en agresiones y vulneraciones contra NNA como participantes activos del Paro Nacional en el año 2021. Este informe servirá de insumo para el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y para giras de incidencia política que se llevan a cabo nacional e internacionalmente con miras a una búsqueda de justicia y reparación de los hechos en articulación con organizaciones, instituciones y otras entidades pertinentes.
El informe está compuesto por 5 puntos esenciales que evidencian un proceso investigativo, participativo y propositivo partiendo de información recopilada de los registros del Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP), investigación en prensa y contrastación de fuentes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales y desde un trabajo activo en diferentes territorios con Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil durante y posterior a las jornadas de manifestación.
Algunos datos e información a destacar del informe:
1) La participación de NNA en la protesta social fue invisibilizada en el discurso público y esto conllevó a una ausencia de interés por parte de instituciones y autoridades gubernamentales; evidencia de ello fueron instituciones como el Ministerio Público, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y la Policía Nacional quienes manifestaron durante las jornadas que los NNA de 18 años no pueden participar en protestas sociales por el supuesto riesgo que podían correr y ante su condición de ser sujetos de protección de la familia, el Estado y la sociedad, sin embargo, esta negación se hace contraria al artículo 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño donde el estado colombiano señala la libertad de asociación y la libertad de llevar a cabo reuniones pacíficas sin que se impongan restricciones frente a este ejercicio de derechos en una sociedad democrática. Así mismo se evidencia el derecho de asociación y reunión con motivos políticos, sociales, culturales, recreativos, entre otros, en la Ley 1098 del 2006 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
2) La OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), reconoció la violencia ejercida contra niñas y niños involucrando ataques con gases lacrimógenos, violencia sexual, uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y agresiones contra las NNA detenidas, entre otras, cada una de ellas evidenciadas en el informe con edad de la víctima, fecha, lugar y detalles de los hechos.
3) En el acompañamiento realizado en diferentes territorios del país por las organizaciones mencionadas anteriormente a NNA durante jornadas del Paro Nacional, se evidenciaron y reconocieron métodos de manifestación empleadas por la niñez ante hechos sociopolíticos, donde se destacan las velatones, marchas y otras actividades artísticas, resaltando el poder que tiene la paz y el arte para alzar la voz.
4) El pliego de exigencias con 25 puntos específicos, realizado por NNA a nivel nacional con los nodos Suroccidente, Medellín, Norte y Centro, donde se evidencia la percepción que tienen de su país, cómo toda la coyuntura también fue un espacio pedagógico y finalmente, las propuestas desde voces de la niñez para mejorar la situación del país. Algunos de los puntos que destacaron de este pliego fue el derecho a la salud, garantías para manifestarse, fin a diferentes tipos de violencias, el deseo de mejorar relaciones con Venezuela, entre otros.
Finalmente, el informe realiza los respectivos análisis y conclusiones de las cifras y hechos investigados concluyendo que efectivamente existe una responsabilidad agravada del Estado colombiano por violar los derechos humanos de las niñas y niños en el marco de las manifestaciones iniciadas el 28 de abril del año 2021, afirmando que hubo incumplimientos a derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Ante esto, las organizaciones participantes y parte de la sociedad afectada, continúan a la espera de una reforma policial, evidenciando su necesidad desde cifras presentadas en informes como este, que muestran de manera precisa las afectaciones. Además, se hace seguimiento e incidencia para que el Estado y todas las personas responsables de las violaciones a los DDHH, reparen a las víctimas y se haga justicia ante los hechos.
Con esto también se pretende unir esfuerzos significativos que puedan responder a emergencias como esta en futuras manifestaciones, buscar caminos de reparación a las NNA y sus familias que fueron víctimas y finalmente, crear mecanismos de garantías de derechos.
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