Desde la Plataforma Colombiana de Organizaciones Sociales y Populares por el Protagonismo de Niñas, Niños y Jóvenes – Plataforma 3 Voces, junto con las organizaciones, colectivas y procesos que suscriben este comunicado,  expresamos nuestra profunda preocupación frente a una serie de hechos y decisiones recientes que nos obligan a preguntarnos, una vez más, qué lugar ocupan las niñas y niños en nuestra sociedad y qué significa realmente proteger sus derechos.

En los últimos días hemos conocido, entre otros hechos, la decisión de retirar un mural de la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) bajo el argumento de una presunta instrumentalización política de niñas y niños; la presunta directriz de dejar de nombrar específicamente a las niñas en las comunicaciones de la entidad; una denuncia sobre un posible caso de reclutamiento o utilización de niños y niñas en La Gabarra, Catatumbo; y la radicación del proyecto de ley denominado “Ley Miguel Uribe Turbay”, que propone modificar el régimen de responsabilidad penal para adolescentes de 14 a 17 años frente a determinados delitos graves.

Son hechos diferentes, pero nos plantean una preocupación común: la forma selectiva en que seguimos reconociendo la capacidad, la voz y la titularidad de derechos de niñas y niños.

La participación infantil es un derecho, no una concesión

Hace más de 35 años Colombia asumió un compromiso internacional fundamental con la niñez al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención reconoce a niñas y niños como sujetos de derechos y establece obligaciones concretas para el Estado, la sociedad y las familias. Entre estos derechos se encuentran la libertad de expresión, el derecho a expresar sus opiniones y a ser escuchados en los asuntos que les afectan, incluso mediante el arte, la cultura y otras formas de creación.

Por eso, nos preocupa profundamente que una expresión de niñas o niños pueda ser deslegitimada como “instrumentalización política” simplemente porque contiene una lectura crítica de la realidad, cuestiona a las instituciones o no coincide con aquello que las personas adultas consideran apropiado.

La instrumentalización de niñas, niños y adolescentes por parte de personas adultas existe y debe ser prevenida. Pero no puede presumirse a partir del contenido de sus expresiones. Usar esta categoría sin escucharles ni establecer las circunstancias de los hechos puede convertirse, además, en una forma de estigmatización y señalamiento que deslegitima sus voces y les niega capacidad de agencia y pensamiento propio. Determinar si existe instrumentalización requiere escuchar a las propias niñas y niños, conocer las circunstancias en que se produjo una determinada expresión y establecer responsabilidades con fundamento en hechos, no descalificar sus voces porque resulten incómodas para las personas adultas.

Nuestro trabajo como organizaciones sociales ha sido precisamente acompañar procesos para que las voces de niñas, niños y jóvenes puedan ser escuchadas, reconocidas y tenidas en cuenta, sin hablar en su lugar ni sustituir su capacidad de decisión.

No podemos llamar instrumentalización a aquello que simplemente no estamos dispuestos a escuchar.

Esta situación resulta aún más preocupante tratándose del ICBF, entidad llamada a garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes y a orientar e impulsar políticas públicas para la garantía de sus derechos. Que sea precisamente una institución con esta responsabilidad la que cuestione o deslegitime sus expresiones resulta contradictorio con el propio reconocimiento que hace el Instituto de la importancia de fortalecer la participación protagónica de niñas, niños y adolescentes y de garantizar que sus perspectivas sean tenidas en cuenta en los asuntos que inciden en sus vidas.

En este contexto, resulta especialmente preocupante que “Resistencia Chiquita” haya sido presentada como una expresión cuyo significado no podría ser comprendido por una niña o un niño. No se trata simplemente de una frase en una pared, sino del nombre de un proceso colectivo de niñas que, desde el arte, la cultura y la participación, ha construido respuestas frente a las violencias sexuales y estereotipos que afectan a niñas y adolescentes, con una trayectoria vinculada a la movilización de niñas y mujeres tras el caso de Yuliana Samboní.

Reducir este proceso a una consigna política introducida por adultos desconoce la memoria, la agencia y el protagonismo de las propias niñas.

Las niñas no dejan de ser niñas por hablar de las violencias que viven, cuestionar las desigualdades o defender sus derechos.

Nos preocupa también cualquier directriz que pretenda dejar de nombrar explícitamente a las niñas en las comunicaciones institucionales. Nombrarlas no es una cuestión secundaria: implica reconocer las desigualdades y violencias específicas que enfrentan. La perspectiva de género en las políticas de infancia no puede ser eliminada bajo una supuesta neutralidad. Las niñas tienen derechos propios, voz y experiencias que deben ser reconocidas, y tienen derecho a ser nombradas y protegidas como tales. 

La niñez tiene derecho a vivir en paz, no a participar en la guerra

Mientras se cuestiona que niñas y niños expresen sus opiniones, nos encontramos también frente a denuncias de una situación mucho más grave: un presunto reclutamiento, utilización o incorporación de menores de edad en hechos ocurridos en La Gabarra, Catatumbo, que involucraría a integrantes del Ejército Nacional.

Como Plataforma, rechazamos y repudiamos cualquier forma de reclutamiento, utilización o vinculación de niñas y niños a las dinámicas de la guerra, provenga de un actor armado ilegal o de cualquier institución del Estado. Los hechos denunciados deben ser investigados y esclarecidos de manera inmediata, sin prejuzgar responsabilidades individuales, pero reconociendo la extrema gravedad que tendría cualquier vulneración de esta naturaleza.

Colombia ratificó en 2005 el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, comprometiéndose a proteger a la niñez frente a su vinculación a las hostilidades. Por eso, resulta inadmisible que niñas y niños sean involucrados en dinámicas de guerra, especialmente por parte de instituciones cuya responsabilidad es protegerlos. La participación infantil es un derecho; la participación en la guerra, una vulneración. En territorios como el Catatumbo, el Estado debe garantizar su protección, investigar cualquier denuncia de reclutamiento o utilización, acompañar a las familias y adoptar medidas efectivas de prevención y no repetición. Queremos niñas, niños y jóvenes participando en la construcción de paz, no en la guerra.

¿Dónde está el Estado antes de que llegue el castigo?

Reconocemos la gravedad de los hechos que dieron origen al proyecto de ley “Ley Miguel Uribe Turbay”, así como el dolor de las víctimas y sus familias y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, aumentar las penas para adolescentes no resuelve las causas que permiten que las estructuras criminales los recluten, utilicen e instrumentalicen.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿dónde está el Estado antes de que llegue el castigo? ¿Dónde está cuando se vulnera el derecho a la educación, cuando no existen condiciones dignas de vida, cuando niñas y niños crecen en territorios atravesados por la violencia o cuando no encuentran alternativas para construir sus proyectos de vida?

La protección integral no puede comenzar cuando el niño o niña ya está frente a un juez. Debe comenzar mucho antes. Prevenir, garantizar derechos, acompañar, fortalecer a las familias y construir oportunidades debe ser el primer escalón de una política de infancia.

No se trata de justificar las violencias ni de desconocer la responsabilidad de quienes cometen delitos. Se trata de reconocer que juzgar y castigar a niños y niñas sin preguntarnos por las vulneraciones que atravesaron sus vidas y por las responsabilidades institucionales en su prevención es una respuesta insuficiente, desigual e injusta.

Si queremos evitar que las redes criminales utilicen a niñas y niños, necesitamos que el Estado llegue antes que las estructuras criminales, garantizando sus derechos y construyendo alternativas reales para sus vidas. El Estado no puede aparecer primero para castigar cuando antes estuvo ausente frente a la vulneración de sus derechos.

La protección integral no puede ser selectiva

Estos hechos nos recuerdan que las niñas y niños son titulares de derechos en todo momento y que sus derechos son prevalentes. El interés superior de la niñez debe orientar las decisiones y actuaciones del Estado y de la sociedad, de manera que ninguna medida que les afecte pueda adoptarse sin considerar sus derechos, su protección y su desarrollo integral. 

Hacemos un llamado al ICBF y a las instituciones del Estado a garantizar el derecho de niñas y niños a participar, expresarse y ser escuchados, sin deslegitimar sus voces bajo la presunción de instrumentalización. Asimismo, hacemos un llamado a reconocer y nombrar explícitamente a las niñas, garantizando la incorporación de una perspectiva de género que permita reconocer las desigualdades y violencias específicas que enfrentan. 

Llamamos a las autoridades competentes a esclarecer de manera pronta e integral las denuncias sobre la posible vinculación de niñas y niños al conflicto armado, garantizar su protección y adoptar medidas efectivas de prevención y no repetición.

Al Gobierno Nacional, las autoridades militares y el Congreso de la República, les hacemos un llamado a fortalecer las políticas de prevención y protección integral, garantizar que ningún niño o niña sea involucrado en la guerra y abordar las causas que permiten su vinculación a estructuras criminales, antes que profundizar respuestas exclusivamente punitivas.

Y a la sociedad, le invitamos a escuchar las voces de niñas, niños y jóvenes, incluso cuando cuestionen aquello que como personas adultas creemos saber o decidir por ellos.

Porque una sociedad que realmente protege a su niñez no puede reconocer su capacidad únicamente cuando sus voces resultan convenientes.

¿Son demasiado pequeños para opinar, participar y defender sus derechos, pero suficientemente grandes para ser castigados?

Proteger también es escuchar. Participar también es construir paz. Y garantizar derechos implica actuar antes de que la vulneración ocurra.

Las niñas y niños son protagonistas de su presente y titulares de derechos. Tienen derecho a ser escuchados, a participar y a vivir en paz.

Suscriben

  • Plataforma Colombiana de Organizaciones Sociales y Populares por el Protagonismo de Niñas, Niños y Jóvenes – Plataforma 3 Voces

  • Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia- ACOOC

  • APICP- Casa de la Cultura

  • Asociación Ecate

  • Asociación FUNSAREP

  • Asociación Nomadesc

  • Asociación Palco/ La Esquina Radio

  • Asociación Taller Abierto

  • CECUCOL -Centro Cultural y Comunitario las Colinas.

  • Colaboratorio María Fénix

  • Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Valle del Cauca

  • Corporación Amiga Joven

  • Corporación Colectiva Justicia Mujer

  • Corporación Comunitaria Cuyeca a Obsun

  • Corporación Con-Vivamos

  • Corporación Educativa Combos Vivo

  • Corporación para el Desarrollo Regional

  • Corporación Platohedro

  • Corporación primavera

  • COSAJUCA - Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca

  • Escuela de Arte Taller Sur

  • Frente de Educación Popular -FEP

  • Fundación del Suroccidente y Macizo Colombiano - FUNDESUMA

  • Fundación Guagua

  • Fundación Paz y Bien

  • Guardianes Por La Vida

  • Humanidad Vigente Corporación Jurídica 

  • La Federación de Liberación Animal

  • Macondo Fuerza Popular

  • Madre Barrio

  • Madres por la vida

  • Minga Social Popular y Comunitaria de Cali

  • Piedad Lorena Guerrero Coka - Integrante de la Mesa Territorial de Garantías Género

  • Santamaría Fundación

  • Tejido Defensa de la Vida ACIN-ÇXHAB WALA KIWE

  • Tribunal Popular en Siloé

  • Universidad Intercultural de los Pueblos